El Tribunal de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dictado una sanción de 602 € al FC Barcelona por el “caso Julián Álvarez”, tras la denuncia presentada por el Atlético de Madrid. La medida se aplica a la supuesta infracción de las normas de contratación de jugadores con contrato vigente, según lo establecido en el Reglamento de Competiciones.
El expediente, abierto a finales de julio, surgió cuando el Atlético alegó que el Barça había “tocado” a Julián Álvarez, jugador con contrato activo, sin seguir el procedimiento obligatorio de notificación escrita al club titular antes de iniciar negociaciones. La FIFA no pudo intervenir porque el caso no entra bajo su jurisdicción, por lo que la RFEF tomó la decisión final.
El club azulgrana debe pagar la multa de 602 €, una cifra que se deriva del Artículo 133 del reglamento, que contempla sanciones leves por incumplimiento de órdenes o acuerdos reglamentarios. La sanción puede incluir, además de la multa, inhabilitación o suspensión de hasta dos meses, o la clausura de uno o dos encuentros, aunque en este caso se optó por la penalización económica.
El Atlético de Madrid citó el mismo procedimiento que se siguió en 2019 cuando denunció al Barça por la firma de un contrato con Antoine Griezmann. En aquel entonces, la RFEF impuso una multa de 300 €, estableciendo un precedente claro sobre la obligación de notificar a los clubes antes de negociar con jugadores vinculados a otro equipo.
El Barça no ha comentado oficialmente la resolución, pero la sanción refleja la importancia de cumplir con los protocolos de contratación establecidos por la federación. El caso refuerza la necesidad de que los clubes respeten los procedimientos formales para evitar sanciones, aunque en este caso la penalización económica es mínima.
Con la resolución final, el Atlético de Madrid ha cumplido con su reclamación y el Barça ha recibido la multa correspondiente. No se prevén apelaciones ni acciones adicionales, y el expediente se cierra con la imposición de la sanción económica.